La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación por homicidio y daños en propiedad ajena en relación al incendio que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 38 personas. La investigación incluye al Instituto Nacional de Migración (INM), y cuatro de sus servidores públicos ya han comparecido ante el Ministerio Público Federal.
Los cuatro funcionarios del INM son el representante local noreste, Daniel Goray Yosioka, la agente migratoria Liliana, un oficial de apellido Collazo y un agente. Los dos últimos estaban dentro de la estación migratoria en el momento del incendio. Tres guardias de la empresa contratada para la vigilancia exterior del inmueble también han rendido su declaración ministerial.
Según los investigadores de la FGR, los guardias que estaban dentro de la estación migratoria no tenían la facultad para hacerlo. Además, se presume que la agente Liliana era la que tenía las llaves del candado con el cual se cerró la puerta del área donde se encontraban los migrantes. Al momento del siniestro, la servidora pública estaba revisando los camiones de pasajeros procedentes de El Paso, Texas, que llegan al puente internacional Lerdo.
El abogado Gabriel Alejandro Vidaña, experto en Derechos Humanos, ha detallado que hay delitos que perseguir contra los funcionarios del INM, como lesiones y homicidio, pero también omisión. Vidaña ha destacado que cualquier persona que esté en territorio mexicano goza de la protección del Estado en cuanto a sus derechos humanos, especialmente la vida y la libertad.
Además de la responsabilidad penal, Vidaña ha señalado que también hay responsabilidad patrimonial del Estado por la negligente actuación de sus servidores públicos.
El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha generado una gran conmoción en México y en todo el mundo, y ha aumentado la presión sobre las autoridades mexicanas para que tomen medidas más efectivas para proteger a los migrantes y garantizar sus derechos humanos.
