Esta nueva restricción forma parte de las medidas que regirán la frontera entre México y EU desde este jueves, cuando se levantará el Título 42, por el que han sido expulsados hasta 2.5 millones de migrantes en los últimos tres años.
A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en EU será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.
EU ofrecerá mil citas diarias
EU ofrecerá unas mil citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento, una cifra que, según contaron los funcionarios públicos, podrá incrementarse “dependiendo de la capacidad” de los trabajadores del servicio de migración.
Quienes no se acojan a este proceso y decidan cruzar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos para pedir asilo en EU, a menos que se les haya negado anteriormente en un tercer país o que demuestren haber encontrado a barreras tecnológicas o de lenguaje para acceder a la aplicación.
Las personas que sean calificadas como no aptas para solicitar asilo podrán ser deportadas, se les prohibirá la entrada a EU durante cinco años y podrán enfrentarse a cargos penales si intentan entrar nuevamente a EU, según explicaron los funcionarios.
De hecho, también detallaron que EU incrementó el número de vuelos de deportación a países de la región y también llegó a un acuerdo con México para que el país vecino reciba hasta 30 mil migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba deportados al mes.
Por su parte, las personas que sean arrestadas cruzando la frontera y a las que se le dé la oportunidad de presentar su caso de asilo, a través de una entrevista de “miedo creíble”, deberán hacerlo mientras estén en detención.
“Hemos contratado y tendremos listos para desplegar a unos mil funcionarios de asilo para llevar a cabo las entrevistas de miedo creíble en la frontera a partir del jueves”, explicó otro de los funcionarios públicos.
Como parte del refuerzo de personal, el Gobierno estadounidense también desplegará unos 24 mil “oficiales del orden” en la frontera, además de unos 400 “voluntarios”.
Varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, criticaron duramente la norma promulgada hoy cuando se encontraba en la fase de comentarios públicos definiéndola como una “violación de los derechos humanos y de la ley” internacional.
Con información de EFE
