A diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa en el sur de México, las familias de los jóvenes han hecho un llamado a la sociedad mexicana para unirse a la protesta que recorrerá Ciudad de México este jueves, exigiendo verdad y justicia no solo por ellos, sino también por los más de 115,000 desaparecidos en el país.
El centro de la capital se encuentra bajo un fuerte resguardo policial ante una convocatoria que ha estado precedida por diversas marchas y actos a lo largo de la semana, marcados por el dolor, la indignación y el hartazgo de los padres. A una década de los hechos, siguen sin recibir respuestas. Aunque las autoridades afirman que los jóvenes fueron asesinados, solo se han hallado restos de tres de ellos.
Han pasado dos administraciones, con decenas de detenidos, incluido un exprocurador general de México, y cientos de búsquedas, pero el país sigue sin conocer el destino de los jóvenes atacados por policías en Iguala, Guerrero, en 2014. La investigación ha sido objeto de críticas por sus irregularidades, torturas y manipulaciones para ocultar la verdad, según la actual fiscalía federal.
Este gobierno ha calificado el caso como un “crimen de Estado” y ha señalado el tráfico de heroína como un posible desencadenante del ataque, confirmando la colusión de un cártel local con fuerzas de seguridad y autoridades de distintos niveles, incluidos militares.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien concluirá su mandato el 30 de septiembre, se distanció el miércoles de algunos de estos avances. Minimizó los casos de tortura cometidos por la administración anterior, que resultaron en la liberación de varios sospechosos, y desacreditó la conexión con el tráfico de heroína, argumentando que las acusaciones que implican al Ejército responden a “intereses políticos”, tanto nacionales como extranjeros, sin pruebas que los vinculen a la desaparición, más allá de una posible “omisión” de ayuda.
“Que quede claro, no hay impunidad para nadie. Hicimos todo lo posible para encontrar a los jóvenes, y a nadie se le protegió”, enfatizó López Obrador el jueves. “Buscamos la verdad, pero se complicaron las cosas… Por intereses, la verdad siempre se abre paso, y aunque la justicia tarde, llega”.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió expertos independientes a investigar durante ocho años, expresó su preocupación por “la actual paralización de la investigación y el retroceso” en algunas áreas. “Existen obstáculos en la entrega de información por parte de las corporaciones de seguridad… y persiste el llamado ‘pacto de silencio’, que impide identificar a los responsables de la desaparición y sus encubridores”, indicó en un comunicado.
