El cambiante y cada vez más estricto régimen arancelario en Estados Unidos, junto con la política de protección a la industria nacional, podría dar lugar a un aumento en la aplicación de la ley, tanto en el ámbito civil como penal, en casos de fraude comercial y aduanero. Así lo advierte un análisis de The National Law Review.
Según la publicación, el gobierno estadounidense cuenta con herramientas legales poderosas para investigar posibles violaciones, como la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act, FCA), diseñada para castigar y prevenir conductas fraudulentas relacionadas con aranceles.
En este contexto, The National Law Review recordó que el pasado 12 de mayo, Matthew Galeotti —nuevo jefe de la División Penal del Departamento de Justicia— identificó el fraude aduanero y comercial como una de las amenazas más urgentes para la seguridad económica del país, destacando especialmente la evasión arancelaria.
Además, recientes declaraciones del Departamento de Justicia apuntan a que las empresas que operan con cadenas de suministro internacionales también podrían enfrentar sanciones si no cuentan con políticas, procedimientos y mecanismos de supervisión adecuados que garanticen que no participan ni se benefician, de forma consciente, de actividades ilícitas.
Cabe destacar que, en términos generales, la Ley de Reclamaciones Falsas contempla sanciones civiles severas contra cualquier persona o entidad que, a sabiendas, presente o provoque la presentación de una reclamación fraudulenta al gobierno federal.