Facturas más altas, paciencia más corta
Los recibos comenzaron a llegar más caros. Primero el gas. Ahora, la electricidad. Y aunque los montos exactos aún se discuten en oficinas regulatorias y podrían terminar en tribunales, para miles de familias en El Paso la pregunta es concreta: ¿cuánto más vamos a pagar y por qué?
El lunes 2 de marzo, el Cabildo respondió con una decisión poco común: autorizó batallas legales simultáneas contra El Paso Electric (EPE) y contra Texas Gas Service. La ciudad sostiene que las decisiones de los reguladores estatales no son justas ni están suficientemente respaldadas por evidencia, y que los usuarios locales podrían estar pagando más de lo debido.
No es un gesto simbólico. Es una apuesta doble que refleja la presión ciudadana y la determinación de una administración que asegura haber agotado la paciencia frente a empresas que —según sus argumentos— trasladan costos indebidos a los consumidores.
Abundan las quejas: el origen del conflicto
Detrás de la ofensiva legal hay una realidad palpable: vecinos que reportan facturas disparadas en los últimos meses.
En el caso del gas, los aumentos comenzaron a sentirse después de que Texas Gas Service presentara en junio de 2025 su solicitud de incremento tarifario. Además del alza, la empresa propuso unificar a todos sus clientes bajo un esquema estatal de precios uniforme. Funcionarios municipales argumentan que esa medida podría trasladar costos de otras regiones a los usuarios de El Paso.
En el frente eléctrico, EPE solicitó en enero de 2025 aumentar en 93 millones de dólares sus ingresos anuales por servicio en Texas, más del doble de lo pedido en su caso tarifario anterior en 2021. De aprobarse en sus términos originales, el recibo residencial promedio habría subido alrededor de 22.39 dólares al mes, un incremento cercano al 23%.
Aunque la Public Utility Commission of Texas (PUCT) redujo parte del aumento en febrero, el monto final que pagarán los usuarios sigue sin definirse completamente. Esa incertidumbre —dicen los críticos— también pesa en la inconformidad pública.
Dos peleas, dos estrategias regulatorias
Lo inusual no es solo la inconformidad, sino la estrategia. El Cabildo activó mecanismos legales distintos, adaptados a cada estructura regulatoria.
Electricidad: revisión ante la PUCT
En el caso eléctrico, la ciudad instruyó a su Oficina del Abogado a presentar una moción de reconsideración ante la PUCT. Busca que el organismo revise dos puntos clave:
- Créditos por ingresos externos: Parte de los ingresos que EPE obtiene fuera de El Paso se acreditan a usuarios locales, reduciendo sus facturas. La ciudad quiere que se maximicen los beneficios derivados de disposiciones relacionadas con la Federal Energy Regulatory Commission (FERC).
- Costo total por clase tarifaria: EPE logró que todas las clases de tarifas —incluida la residencial— cubran el costo total del servicio. La ciudad considera que esa decisión tiene un impacto significativo en los hogares.
El objetivo, según la abogada municipal Karla Nieman, es utilizar “todas las herramientas disponibles” para asegurar que los consumidores reciban el máximo beneficio posible.
Gas: reconsideración y tribunales
En el caso del gas, la estrategia es más agresiva. Además de la moción de reconsideración presentada ante la Railroad Commission of Texas (RRC), el Cabildo autorizó acudir directamente a tribunales para que un juez evalúe si la orden final cumple con la ley estatal y está respaldada por evidencia suficiente.
La cronología muestra una escalada progresiva: suspensión del aumento por 90 días en julio de 2025, audiencia pública en octubre, rechazo formal en noviembre. Sin embargo, en febrero de 2026 la RRC emitió su orden final, en lo esencial contraria a la postura municipal. Ahí comenzó el siguiente capítulo.
Una disputa de fondo: ¿quién paga qué?
Más allá de cifras y tecnicismos regulatorios, el conflicto gira en torno a una pregunta fundamental: ¿quién debe asumir los costos del sistema energético?
En el caso del gas, el punto crítico es el modelo de tarifa estatal unificada. La ciudad sostiene que podría beneficiar a otras regiones a expensas de El Paso. En el eléctrico, la discusión se centra en cómo se aplican créditos de transmisión y en la distribución de costos entre clases tarifarias.
El alcalde Renard U. Johnson lo resumió así: los residentes quieren “un proceso justo y un resultado justo”. La ciudad, dijo, está preparada para apelar porque no cree que los usuarios locales deban cargar con costos que no les corresponden.
Más que litigios, una señal política
Lo que ocurre en El Paso no es solo una disputa técnica entre abogados y reguladores. Es una señal política clara: la ciudad no aceptará como definitivas decisiones que considera perjudiciales para sus residentes.
En el corto plazo, el desenlace dependerá de reuniones públicas, resoluciones regulatorias y posiblemente fallos judiciales. En el largo plazo, el resultado definirá cuánto pesan las voces municipales frente a estructuras estatales de regulación energética.
Pero mientras los expedientes avanzan, la realidad cotidiana no se detiene. Cada recibo que llega a un buzón recuerda que detrás de los argumentos legales hay familias ajustando presupuestos. Y por ellas, sostiene la ciudad, vale la pena pelear en dos frentes al mismo tiempo.
En definitiva, más que una batalla contra empresas específicas, El Paso está librando una discusión sobre equidad tarifaria, transparencia regulatoria y responsabilidad pública. Y esa discusión apenas comienza.
