El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo con la promesa de investigar los peores escándalos de derechos humanos en México, incluyendo la Guerra Sucia que tuvo lugar desde la década de 1960 hasta la década de 1980.
Sin embargo, recientemente se han revelado pruebas de que el investigador principal del gobierno fue atacado con software espía de grado militar.
Según un informe obtenido por The Washington Post, el software espía Pegasus fue detectado en el teléfono de Camilo Vicente Ovalle, quien coordina el trabajo de la comisión de la verdad sobre la Guerra Sucia. Vicente Ovalle recibió un correo electrónico de Apple en diciembre advirtiendo que podría haber sido blanco de “ataques patrocinados por el Estado”. El análisis forense realizado por Citizen Lab, un centro de investigación digital de la Universidad de Toronto, confirmó la presencia de Pegasus en su teléfono.
Este presunto hackeo es parte de una creciente evidencia de que los civiles que investigan abusos a los derechos humanos en México están siendo atacados con malware, incluyendo activistas, periodistas y funcionarios cercanos al presidente. El informe de Citizen Lab no identificó quién podría haber utilizado Pegasus para hackear el teléfono de Vicente Ovalle, pero investigaciones de grupos de derechos digitales y organizaciones de medios han señalado al Ejército mexicano como la institución detrás de los presuntos ataques.
Bajo el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, el Gobierno mexicano utilizó agresivamente el software Pegasus para espiar a narcotraficantes, periodistas, activistas y políticos de la oposición. Sin embargo, López Obrador prometió acabar con el espionaje ilícito a ciudadanos no sospechosos de delitos cuando asumió el cargo en 2018.
Estos informes de vigilancia están poniendo en duda las esperanzas de un verdadero ajuste de cuentas con los abusos del pasado. La negativa del presidente a condenar los ataques y su creciente dependencia del Ejército están generando preocupaciones sobre su control sobre las instituciones de seguridad e inteligencia del país.
La Guerra Sucia en México fue uno de los episodios más represivos en la historia del país, donde el Ejército y otras fuerzas de seguridad torturaron y desaparecieron a cientos de personas, incluyendo guerrilleros de izquierda, estudiantes y agricultores. A diferencia de otros países latinoamericanos que han enfrentado abusos similares a los derechos humanos, México nunca ha logrado una rendición de cuentas adecuada por los crímenes de la Guerra Sucia.
López Obrador estableció la comisión nacional de la verdad para investigar la Guerra Sucia y otros casos notorios, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Sin embargo, los informes de vigilancia y los presuntos ataques a los investigadores están planteando dudas sobre la capacidad del gobierno para llevar a cabo una investigación imparcial y efectiva.
El presidente López Obrador niega la vigilancia militar a periodistas y defensores de derechos humanos, a pesar de las evidencias recientes. Esto ha generado un dilema para el mandatario, quien se encuentra atrapado entre su compromiso con los derechos humanos y su creciente dependencia del Ejército. Si bien las fuerzas armadas desempeñan un papel crucial en la lucha contra los cárteles de la droga, su influencia se ha extendido a otros ámbitos, como la supervisión de puertos marítimos, la distribución de vacunas contra el coronavirus y la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
El politólogo Pérez Ricart del Centro de Investigación y Docencia Económicas señala que un Estado democrático debe tener control sobre sus instituciones de seguridad e inteligencia, lo cual parece no estar sucediendo en México. Además, considera que los comentarios públicos del presidente no han sido satisfactorios en este sentido.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y aliado de López Obrador, supervisa las investigaciones del Poder Ejecutivo sobre la Guerra Sucia y las desapariciones de Ayotzinapa. Estos casos han sido atribuidos a policías locales y narcotraficantes con presunta complicidad de miembros del Ejército. Encinas también está a cargo de los esfuerzos para localizar a más de 110,000 personas actualmente reportadas como desaparecidas, un número que ha aumentado significativamente desde el inicio de la guerra contra los cárteles de la droga en 2006 y Vicente Ovalle trabaja en su oficina.
El análisis realizado por Citizen Lab concluye que el teléfono de Vicente Ovalle, o cualquier otro dispositivo cuya información respalde, ha sido comprometido por el software espía Pegasus. Aunque no se pudieron determinar las fechas exactas de la infección, un correo electrónico de Apple recibido por Ovalle, que advertía sobre posibles “ataques patrocinados por el Estado”, sugiere que ocurrió en la segunda mitad del año pasado.
La Guerra Sucia representa uno de los episodios más represivos en la historia de México, ocurrido durante el periodo de gobierno de partido único en gran parte del siglo XX. En aquel tiempo, el Ejército mexicano y otras fuerzas de seguridad detuvieron y torturaron a cientos de guerrilleros de izquierda, estudiantes, agricultores pobres y otros individuos. Muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro.
En el estado de Guerrero, donde se reprimió violentamente una rebelión rural armada, al menos 239 personas desaparecieron, según un informe de la comisión estatal de la verdad. Algunas de estas personas probablemente fueron enterradas en fosas comunes sin identificar, mientras que otras fueron arrojadas desde aviones militares al océano Pacífico.
A diferencia de otros países latinoamericanos que han enfrentado abusos similares contra los derechos humanos en esa época, México no ha logrado abordar adecuadamente esta parte de su historia. La impunidad ha prevalecido para aquellos responsables de las desapariciones durante la Guerra Sucia.
