La Administración de Andrés Manuel López Obrador busca un Gobierno transparente. Sin embargo, el informe “Sin otros datos” de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala carencias en el acceso a la información. El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) está inactivo, y el 71% de las bases de datos oficiales no se han actualizado en más de dos años.
En México el derecho a la información generada o recopilada por el Gobierno está protegido por la Constitución. El artículo 6 de la máxima ley del país obliga a que solo los datos verdaderamente excepcionales pueden reservarse a los ciudadanos, por razones como la seguridad nacional, y aun en esos casos, es una reclusión temporal. El presidente ha hecho uso de esa excepción y, por ejemplo, ha blindado la información de varios de sus proyectos principales —como el Tren Maya o el Corredor Transoceánico— por seguridad nacional, pese a la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De otros proyectos ya terminados, como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), los contratos difundidos explicaron el uso de unos 17.400 millones de pesos, cuando el costo real rondó los 100.000 millones; o de la refinería de Dos Bocas apenas se conocen unos cuantos contratos testados —es decir con información clave tapada— porque su construcción fue asignada a una empresa filial de Pemex que no está obligada por la Ley de Transparencia.
La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción encontró que el 71% de las bases de datos gubernamentales carecen de actualización.
“Este comportamiento sugiere dos hipótesis y ninguna es alentadora en materia de transparencia. La primera y más grave es que la información simplemente ya no se genera y por eso ya no se publica. En este escenario estamos ante la pérdida de datos públicos tanto para la ciudadanía como para el propio Estado. El segundo escenario es que, en el Gobierno actual, se ha optado por dejar de compartir la información. Esto implica una mala rendición de cuentas y un debate público más pobre, pues no se cuenta con toda la información para hacer un diagnóstico correcto”, interpretan desde Mexicanos contra la Corrupción.
La falta de información compromete la capacidad del Gobierno para abordar problemas públicos y la rendición de cuentas. Además, afecta la innovación y la capacidad de los ciudadanos para analizar la situación del país.
