El creciente control de las fuerzas armadas sobre las instituciones civiles será uno de los principales legados del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Un estudio de 2021 realizado por el CIDE, encontró que entre 2006 y 2021, se transfirieron a las fuerzas armadas mexicanas más de 246 funciones gubernamentales que anteriormente estaban bajo la supervisión de autoridades civiles.
Este proceso de transferencia de funciones ha acelerado en los últimos cuatro años y medio. Ahora, las fuerzas armadas de México supervisan la construcción de infraestructura importante, el desarrollo del turismo y la gestión de aduanas en puertos de entrada y salida, entre otras cosas. AMLO ha promovido y alentado la participación militar en tareas civiles, lo que ha alterado el sistema político mexicano y ha dado lugar a un nuevo fenómeno: el militarismo, un proyecto político que busca colocar a las “supuestamente incorruptibles” fuerzas armadas en el centro de la gestión de sectores clave como aduanas, migración, infraestructura y salud pública.
Sin embargo, la Constitución mexicana es clara en cuanto al papel limitado de las fuerzas armadas durante tiempos de paz y establece que no pueden ejercer más funciones que las relacionadas directamente con la disciplina militar. A pesar de esto, desde el inicio de su mandato, AMLO ha intentado socavar este marco legal con varios intentos inconstitucionales de otorgar al ejército el control directo sobre la seguridad pública de México. Un ejemplo de esto es la creación reciente de la Guardia Nacional, un cuerpo militar de facto sin supervisión civil, a pesar de las promesas en contrario.
Lo que diferencia el actual momento en México es que este nuevo militarismo no es una estrategia de seguridad, ni siquiera una fallida, ya que la administración de AMLO ha sido la “más sangrienta” en la historia de México, registrando casi tantos homicidios en cuatro años y medio como sus predecesores en seis.
En lugar de eso, el militarismo en México es un proyecto político que utiliza al ejército para lograr ambiciones políticas, donde los llamados a la “seguridad pública” son solo una pantalla de humo. Este proyecto político aprovecha la “seguridad nacional” para eludir el escrutinio tradicional, la transparencia y la responsabilidad pública, así como el proceso presupuestario del Congreso.
Además, el militarismo no ha fortalecido a las fuerzas armadas mexicanas, sino que las ha debilitado al otorgarles contratos públicos sin los debidos salvaguardias anticorrupción, violando los requisitos de transparencia y licitación en México y asignando funciones civiles que, dada su formación, no están preparadas para llevar a cabo.
Esta transformación tiene implicaciones políticas significativas. En el pasado, el gobierno mexicano tenía un entendimiento tácito y pragmático con sus fuerzas armadas, que implicaba un alto grado de autonomía a cambio de mantenerse al margen de la política y la administración civil del gobierno. Ahora, el nuevo militarismo de México implica que algunas élites dentro del ejército mexicano están más involucradas en la política y esto podría afectar su reputación y estabilidad.
El crecimiento del militarismo en México está cambiando la dinámica política del país y debilitando la democracia. También sugiere que esto podría tener implicaciones en las relaciones bilaterales con Estados Unidos y hace un llamado a fortalecer las instituciones civiles y los mecanismos de intercambio de inteligencia con México para revertir esta tendencia.
