En medio de la sucesión presidencial, el presidente López Obrador llena de perfiles afines y sin experiencia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En un polémico movimiento que ha levantado preocupación e indignación, el presidente López Obrador ha decidido llevar a cabo 60 nuevos nombramientos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia es la identificación de aproximadamente 40 perfiles vinculados a Morena, muchos de ellos sin experiencia y con claros conflictos de interés, quienes pasarán de ser parte a ser juez.
Entre los nombramientos, se destaca la estrecha relación de al menos 20 de ellos con Adán Augusto López, aspirante presidencial y exsecretario de Gobernación. El grupo Tabasco se ha beneficiado enormemente, proponiendo a individuos como Arturo Torres Martínez, titular de la Unidad de Servicios Operativos y Logísticos del gobierno de Tabasco, y José Alberto Guerrero Amador, director jurídico de la Secretaría de Salud tabasqueña. Además, se ha observado el reciclaje de personas que no lograron ocupar cargos en el INE, como Maday Merino Damián y Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Entre los nombramientos también se encuentran perfiles políticos, como Susana Mercado Alvarado, coordinadora de Comunicación Política de Morena, y Martha Teresa Castañeda Becerra, coordinadora de Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Además, se ha identificado a varios funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Consejería Jurídica, quienes pasarían de ser parte a ejercer como magistrados y resolverían casos en los que han estado involucrados. Esta práctica, criticada en sexenios pasados, parece repetirse en el gobierno actual, a pesar de las promesas de cambio.
Estos nombramientos no están exentos de conflictos de interés. Algunos de los seleccionados tienen antecedentes que podrían generar dilemas éticos, como Eduardo Manuel Méndez Sánchez, quien fue asesor del jurídico de Sedatu y ahora podría resolver asuntos relacionados con expropiaciones y despojos. Otros ejemplos incluyen a Irving Pedro Chegüe Luna, titular del departamento de Recursos Materiales del ISSSTE, quien podría decidir sobre demandas relacionadas con la falta de medicamentos, y Maricela Lecuona González, abogada de la Secretaría de Salud.
Estos nombramientos, propuestos por el gobierno federal al Senado, garantizan a los seleccionados un período de 10 años con la posibilidad de ser ratificados por otro. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la independencia y la imparcialidad de quienes ocuparán estos cargos.
Este acto de nepotismo y conflicto de interés ha generado críticas contundentes hacia el gobierno actual, poniendo en entredicho su compromiso con la transparencia y la justicia. La falta de experiencia y la estrecha relación con el partido gobernante plantean serias dudas sobre la capacidad de estos nuevos magistrados para impartir una justicia imparcial y equitativa.
En un momento crucial para la democracia y el sistema de justicia en México, resulta fundamental cuestionar estos nombramientos y exigir que se respeten los principios de meritocracia y transparencia en la designación de magistrados. La ciudadanía merece un sistema judicial sólido y confiable, donde los intereses partidistas no prevalezcan sobre la imparcialidad y la legalidad.
