Ciudad Juárez entra a 2026 con una bolsa proyectada de 10 mil 797 millones 701 mil 182 pesos en su Ley de Ingresos. La cifra es grande, pero la discusión no es sólo de monto: es de qué tanto depende la ciudad de participaciones y qué tanto cargará al ciudadano vía multas, derechos y nuevos conceptos de cobro.
En términos políticos, la Ley de Ingresos no es un trámite: es el “marco” que define cuánto dinero puede recaudar el Municipio y bajo qué reglas.
¿De dónde saldrá el dinero?
El paquete de ingresos se sostiene, en general, en dos pilares: ingresos propios (recaudación local) y participaciones (recursos de origen federal). Ese equilibrio importa porque define margen de maniobra: si el ingreso local no crece, la ciudad se vuelve más dependiente; si crece “a fuerza de multa”, la calle lo resiente.
Para 2026, el debate público también se mueve por un punto sensible: qué rubros aumentan y cómo se justifican ante una economía donde el costo de vida ya empuja fuerte.
Nuevos cobros y multas: lo que más irrita
En el paquete 2026 se han señalado ajustes y nuevos cobros en derechos y servicios, además de sanciones más visibles en materia de orden urbano. Uno de los puntos que más conversación generó es la aplicación de multas altas para quienes invadan u obstruyan la vía pública (banquetas, calles, calzadas o áreas verdes), bajo el argumento de proteger el libre tránsito.
El problema político es el de siempre: en una ciudad donde la ley se aplica de forma desigual, el ciudadano pregunta si esto será realmente orden… o sólo recaudación.
Engomado ecológico y el “ruido” legislativo
Otro foco de tensión es el tema del engomado ecológico y cómo se administran cobros y sanciones vinculadas. Para algunos actores, el debate no es si debe existir un control ambiental, sino si está diseñado con reglas claras, criterios públicos y supervisión real.
El paquete de ingresos puede ser legal y aun así ser impopular si se percibe como “castigo” más que como política pública.
Lo que ES JUÁREZ va a vigilar
- Si los cobros y multas vienen acompañados de criterios públicos y no discrecionales.
- Si se publica un desglose ciudadano entendible (qué sube, qué baja, qué se crea).
- Si lo recaudado se refleja en servicios y no se diluye en operación sin resultados.
Porque al final, el ciudadano no mide una Ley de Ingresos por el PDF: la mide por si su ciudad funciona mejor… o si sólo le cuesta más.
