El gobierno del presidente Donald Trump intentó deportar a un grupo de ocho migrantes a Sudán del Sur, una nación sumida en una profunda crisis y al borde de una guerra civil.
Según informes, los hombres, originarios de países como Vietnam, Cuba y México, permanecen retenidos en una base militar de Estados Unidos ubicada en Yibuti, África Oriental. Esto ocurrió después de que un juez federal ordenara que no fueran entregados a las autoridades de Sudán del Sur.
Aunque la legislación migratoria de Estados Unidos permite, en ciertos casos, la deportación de personas a terceros países, esta práctica no ha sido común en administraciones anteriores. Sin embargo, la política de Trump buscaba ampliar este mecanismo al intentar enviar a grupos más grandes a lugares peligrosos como Sudán del Sur, Libia o incluso a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Todo esto, según expertos, sin las garantías procesales adecuadas, incluso cuando los países de origen de los migrantes estarían dispuestos a recibirlos nuevamente.
“La combinación de enviarlos a un tercer país, la magnitud que se busca alcanzar y el enfoque punitivo como objetivo principal… esas tres cosas juntas representan algo realmente novedoso”, explicó Sarah R. Sherman-Stokes, profesora de Derecho en la Universidad de Boston.
Especialistas advierten que esta política podría tener como fin generar miedo entre las personas migrantes para disuadirlas de intentar llegar a Estados Unidos. Para Muneer Ahmad, profesor de Derecho en Yale, se trata de una “estrategia concertada” cuyo propósito es doble: desincentivar la migración hacia EE.UU. e incentivar el regreso voluntario a sus países de origen.
¿Quiénes son los migrantes detenidos?
Una investigación realizada por The New York Times, basada en registros judiciales, indica que los ocho hombres enviados a Yibuti fueron previamente condenados por delitos violentos.
El gobierno los ha descrito como “monstruos bárbaros” y difundió un documento de 70 páginas detallando sus antecedentes penales. No obstante, algunos analistas sugieren que esta acción forma parte de una campaña para desacreditar al poder judicial por obstaculizar los planes más duros de deportación de la administración Trump.
