Ciudad de México— Nueve meses después de la extradición de Emilio Lozoya a México, donde acusó a políticos de haber recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en el sexenio pasado, el panista Jorge Luis Lavalle fue vinculado a proceso, y ahora las indagatorias apuntan hacia Ricardo Anaya.
De acuerdo con las declaraciones ministeriales del exdirector de Pemex, el excandidato presidencial recibió sobornos por 6.8 millones de pesos, como parte de la operación federal para que los panistas apoyaran la reforma impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013.
Por estos “moches”, pagados con dinero que tendría su origen en transferencias de Odebrecht, ahora también se iniciarán procesos contra otros panistas como Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Osiris Hernández, ex secretario particular de Anaya.
También contra priistas como David Penchyna, Luis Videgaray, así como contra ex directores de Pemex, entre ellos José Antonio González Anaya.
Lavalle fue vinculado ayer a proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
En una audiencia de 20 horas con 30 minutos, Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó al ex legislador y le ratificó la prisión preventiva justificada.
