El Departamento de Defensa de Estados Unidos está ampliando una zona militarizada a lo largo de la frontera sur, donde los soldados tienen autorización para detener a personas que ingresen de manera no autorizada y ponerlas a disposición para su posible enjuiciamiento federal por invadir un área de defensa nacional.
La Fuerza Aérea anunció el lunes la anexión de un nuevo tramo de aproximadamente 400 kilómetros (250 millas) en la frontera de Texas, en el marco del despliegue militar ordenado bajo la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump.
Esta nueva área de defensa nacional, ubicada a lo largo del río Bravo (también conocido como río Grande), incluye partes de dos condados texanos y colinda con ciudades como Brownsville y McAllen. El terreno será considerado como una extensión de la Base Conjunta San Antonio, y la Fuerza Aérea indicó que comenzará de inmediato la instalación de señales de advertencia para restringir el acceso.
El despliegue militar en la frontera comenzó en abril con un segmento de 275 kilómetros (170 millas) en Nuevo México, y se amplió hacia el oeste de Texas en mayo. Sin embargo, la expansión ha generado preocupación entre cazadores, excursionistas y organizaciones humanitarias, quienes temen perder el acceso a esas zonas.
En la nueva franja bajo control militar, las tareas asignadas a los soldados incluyen la detección, monitoreo y detención temporal de personas hasta su entrega a las autoridades civiles, según el comunicado oficial.
Hasta el momento, al menos tres personas han sido detenidas directamente por soldados en Nuevo México y entregadas a la Patrulla Fronteriza. Además, más de 1,400 migrantes enfrentan cargos por ingresar a áreas de defensa nacional, una falta considerada delito menor que puede conllevar hasta 18 meses de prisión.
Las impugnaciones judiciales a estos cargos han tenido resultados variados, dejando el tema legal aún en disputa.
